El cardenal Rouco presenta Madrid 2011 a la prensa internacional

ZENIT
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“Las relaciones Iglesia-Estado respecto a la Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) funcionan perfectamente”, afirmó este viernes el arzobispo de Madrid.

El cardenal Antonio María Rouco Varela ofreció un desayuno informativo a corresponsales de la prensa internacional para explicar las últimas novedades de la Jornada Mundial de la Juventud y su dimensión mundial.

El purpurado agradeció el clima de colaboración con las administraciones públicas. Además de facilitar espacios ciudadanos e instalaciones públicas, han concedido a la JMJ el carácter de acontecimiento de extraordinario interés público, que concede beneficios fiscales a las empresas que patrocinen la JMJ.

La colaboración del Gobierno español se extiende a la facilitación de los visados: se está trabajando en fórmulas fáciles y responsables para acoger a personas que provengan de países que necesiten este trámite.

- Pasos de toda España.

Entre los distintos actos previstos para el evento que se celebrará en agosto de 2011 en Madrid, destacó un multitudinario Via Crucis que tendrá lugar en el paseo de la Castellana, el eje de la capital española.

“Será una gran manifestación cultural de la Semana Santa española”, y reunirá pasos de gran valor artístico y religioso procedentes de todo el país, avanzó.

La JMJ empezará con la acogida del Papa y una Misa en la plaza de Cibeles, en el centro de la ciudad, el 16 de agosto.

La vigilia y la Eucaristía conclusiva de la Jornada tendrán lugar el 19 y el 20 de agosto en la base aérea de Cuatro Vientos, lugar donde se celebró un encuentro similar, el 11 de abril de 2003, con Juan Pablo II.

- Acogida.

El arzobispo de Madrid reiteró que el principal reto será logístico: “Tenemos que estar preparados para acoger a dos millones de jóvenes, darles de comer y proporcionarles un lugar para dormir”, dijo.

Además, se prevé que más de mil obispos y de la mitad de los cardenales de toda la Iglesia asistan al encuentro de jóvenes.

Aún así, el purpurado se mostró confiado en solventar este reto, ya que “en Madrid tenemos una capacidad de respuesta muy grande” y experiencia en otras grandes citas con el Papa.

Numerosas familias madrileñas acogerán en sus hogares a jóvenes y también se habilitarán grandes espacios para hospedar a otros muchos participantes de las JMJ.

“Madrid será una gran fiesta internacional”, declaró el cardenal Rouco, “con una mayoría de europeos pero también con numerosos jóvenes de África, América Latina y Asia”.

La mayor parte de los jóvenes que asisten a una JMJ son católicos pero el evento está abierto a personas de cualquier confesión religiosa y agnósticos.

“A todos ellos se les acogerá con respeto, afecto y fraternidad”, aseguró el cardenal. “La verdad se propone, no se impone”, subrayó el cardenal parafraseando a Juan Pablo II, que pronunció estas palabras ante los jóvenes en Cuatro Vientos durante su última visita a España en 2003.

- Huella en los jóvenes.

A varias preguntas de los periodistas sobre la situación religiosa de la juventud europea, el cardenal Rouco Varela reconoció que existen problemas.

Sin embargo, afirmó: “Soy muy optimista respecto a la juventud europea, no se puede generalizar con que los jóvenes hayan roto con sus raíces cristianas, y en España y en otros muchos países se observa un renacer de la fe en muchos de ellos”.

También advirtió que las JMJ, iniciadas hace 25 años, marcan un cambio de tendencia en muchos lugares, y dejan huella en la vida de los jóvenes.

En este sentido, declaró: “Es un hecho casi automático que tras cada JMJ aumentan las vocaciones de vida consagrada o sacerdotales”.

Dinero, así en la tierra como en el cielo

Fernando Esteve Mora
profesor de Teoría Económica
de la Universidad Autónoma de Madrid

Analicemos a la Iglesia católica como si se tratara de una empresa. No cuando opera como subcontratista en la provisión de servicios públicos en enseñanza, sanidad y asistencia social, sino cuando se dedica a lo suyo: a proporcionar servicios religiosos. Ciertamente, la Iglesia es una institución económica que usa recursos materiales y humanos para producir una amplia variedad de servicios: tratamientos psicológicos individualizados (confesión, etc.), terapias de grupo (misas y catequesis), asistencia psicológica premortem (extremaunciones), ritos iniciáticos (bautizos, comuniones...), y un largo etcétera. Esto, aparentemente, no tiene intención lucrativa, pero el que no parezca buscar beneficios no convierte a la Iglesia en la ONG que le gusta imaginarse que es.

Sin negar que la Iglesia presta los servicios religiosos a sus clientes a precios ajustados a los costes, sin negar que los sueldos de sus trabajadores (excepto los de la minoría de mánagers y altos directivos, y los de los miembros de su Consejo de Administración, la llamada Curia) pueden no parecer excesivos, hay que señalar que el comportamiento económico de la Iglesia se ajusta, más que al de una ONG, al de una empresa que buscase maximizar su cuota de mercado, para lo cual es apropiado seguir una política de fijación de precios bajos como si sólo pretendiese cubrir costes. Una vez que con esa política hubiese expulsado a los competidores y la empresa fuese ya la única en el mercado, podría comportarse como una empresa auténticamente maximizadora de beneficios. La implicación por tanto es que la Iglesia católica sólo se comporta como una ONG si, y sólo si, tiene competencia.

Desde esta perspectiva, los servicios religiosos gratuitos o de bajo coste que ofrece la Iglesia hay que entenderlos como estrategias de márketing e investigación de mercados, puesto que, desde un punto de vista económico, busca fidelizar con ellos a sus clientes, así como conocer con precisión la demanda de su producto para poderles cobrar un precio más alto. Por ejemplo, mediante los "servicios" de confesión, los fieles obtienen una asistencia psicológica que sin duda valoran, pero tampoco se puede dudar de que, gracias a las confesiones, la Iglesia conoce las debilidades de sus clientes, lo que le sirve para conocer (y estimular) su demanda, es decir, cuánto están dispuestos a pagar por la absolución de sus pecados. Por otro lado, con la confesión la Iglesia controla una información muy útil a la hora de extorsionar a sus clientes caso de que decidieran actuar contra sus intereses o pretendieran irse con otra compañía del sector.

Pero si esos servicios que presta la Iglesia se pueden conceptuar como propaganda y márketing, como regalos por la compra del verdadero producto, queda entonces la cuestión de cuál es éste, ¿qué es lo que vende realmente? Sólo hay una respuesta posible: y es que la Iglesia es una empresa más del sector inmobiliario. Es un hecho contrastado que lo que vende la Iglesia (y en general todas las iglesias sea cual sea su religión) desde hace casi 20 siglos son parcelas en una urbanización: el auténtico "Paraíso" que queda en el "Otro Mundo". Y, a diferencia del resto de empresas del sector inmobiliario del mundo terrenal, la Iglesia ha gozado de una ventaja competitiva absoluta respecto a todas, y es que ningún cliente ha vuelto para quejarse de la calidad de la construcción o de que las vistas (la tan renombrada visión beatífica) no eran tan sublimes como el folleto publicitario prometía.

Un método frecuente de pago aceptado y deseado por la Iglesia en estas operaciones de venta de residencias en el "Más Allá" ha sido la permuta de terrenos. Ha sido muy frecuente que, ya en el trance del último viaje, los clientes hayan aceptado cambiar terrenos de su propiedad en la tierra por parcelas que la Iglesia dice poseer en el cielo. Gracias a estas permutas, la Iglesia se hizo titular en España de un ingente patrimonio en solares y edificios, con lo que se convirtió en la primera inmobiliaria auténticamente global, pues está en todos los mundos. Y, si bien el Estado intentó arrebatarle un buen pedazo de su patrimonio en el siglo XIX (las desamortizaciones), todavía hoy la Iglesia es el mayor propietario inmobiliario tras el sector público.

Y, ante esto, ¿cabe alguna duda acerca de la genialidad empresarial de la Iglesia católica?

¡Bien por Bono!

Enrico Sopena
director de El Plural

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova –en su libro sobre República y guerra civil– describe el paisaje religioso de España de modo somero y exacto: "Había más catolicismo en el norte que en el sur, en los propietarios que en los desposeídos, en las mujeres que en los hombres. La mayoría de los católicos eran antisocialistas y gente de orden. A la izquierda, republicana y obrera, se la asociaba con el anticlericalismo".

¿Se podía ser entonces socialista y católico a la vez? El Papa Pío IX había condenado el socialismo, a través de su encíclica Quanta Cura, con el Sillabus como epílogo, hacia finales del siglo XIX. Lo condenó junto a cualquier otro atisbo de visión progresista de la vida y la sociedad. Pío X condenó el modernismo en el que se englobaban corrientes ideológicas, opuestas a l'Ancien Régime. Su sucesor, Pío XI, creía que una persona no podía ser buen católico y verdadero socialista.

Pero Pío XI fue, durante su reinado, más lejos. En febrero de 1929, firmó con el Gobierno de Mussolini el Tratado de Letrán mediante el cual se creó el Estado independiente y soberano del Vaticano. El partido católico de Luigi Sturzo, contrario al fascismo y germen de la posterior Democracia Cristiana, fue disuelto poco después.

En las elecciones de marzo de 1929, el Papa pidió el voto de los católicos para Mussolini. Su Santidad calificó al líder fascista como "un hombre enviado a nosotros por la Providencia". El 20 de julio de 1933, el Pontífice llegó a una especie de Concordato con la Alemania nazi, firmado por el entonces Nuncio en Berlín, el cardenal Pacelli, elegido Papa más tarde con el nombre de Pío XII.

Pío XII autorizó que los comunistas italianos fueran excomulgados. Protegió a los criminales de guerra de la II Guerra Mundial. El año 1953, la Santa Sede y el Gobierno de España –con el general Franco en su máximo esplendor como asesino– aprobaron el Concordato que, por cierto, aún se arrastra hoy en día.

Pío XII llegó a enfrentarse con Alcide de Gásperi, dirigente carismático de la Democracia Cristiana, porque no quería pactar con la extrema derecha y sí con la izquierda. El Papa hizo cuanto estuvo en su mano para evitar que el primer alcalde de Roma, tras la caída del fascismo, fuera un socialista. No lo consiguió.

Luego vino el oasis de la mano de Juan XXIII. Fue un mandato breve que intentó, con la mejor voluntad, una reforma profunda de la Iglesia mediante el Concilio Vaticano II. Duró poco, porque la Curia, compuesta en su mayoría por obispos y cardenales integristas, puso todo tipo de palos en la rueda de la esperanza hasta torcerla. Juan XXIII murió pronto. Pablo VI no aguantó el vendaval conservador y enarboló en demasiadas ocasiones bandera blanca.

Juan Pablo II y Benedicto XVI borraron muchas de las huellas positivas del Concilio. La Iglesia se ha derechizado sin freno. En España, el cardenal Tarancón no fue la norma, sino la excepción. ¿Puede, pues, sorprenderse alguien del acoso creciente que sufre José Bono, socialista y católico, por parte de la jerarquía eclesiástica?

Desde el panfleto del cardenal Rouco Varela también golpean a Bono. Lo hacen los herederos de quienes bautizaron la Guerra Civil denominándola Cruzada de Liberación Nacional. Es decir, aquellos que bendecían, en nombre de Dios, a quienes montaron el 18 de julio y los cuarenta años de oprobio y represión. ¡Bien por Bono!

El racismo del nacional-catolicismo

Vicenç Navarro
catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas
Universidad Pompeu Fabra

Uno de los argumentos que autores conservadores han utilizado para negar el carácter fascista del régimen dictatorial establecido por el golpe militar liderado por el general Franco ha sido afirmar que la ideología de aquel régimen no incluía un componente racista, tal como ocurrió con el nazismo alemán y el fascismo italiano. La evidencia existente y fácilmente accesible muestra, sin embargo, la escasa credibilidad de tal argumento. El eje ideológico de aquel régimen fue el nacional-catolicismo que conjugó dos ideologías: el nacionalismo hispánico, que llegó incluso a negar la existencia de otras nacionalidades (como la catalana, la vasca, y la gallega), imponiendo su visión centralista uniformadora, y un catolicismo excluyente que intentó configurar todas las dimensiones del ser humano, incluyendo áreas tan íntimas como el comportamiento sexual de la ciudadanía.

Este nacional-catolicismo tuvo una concepción racista, pues tales ideologías totalizantes eran presentadas como definitorias de lo que el régimen definió como la raza hispana (el día nacional se llamaba el Día de la Raza), cuya superioridad le otorgaba el derecho de conquista y sometimiento de otras razas, tal como ocurrió en América Latina, cuya conquista militar y explotación era el motivo de celebración del día nacional (12 de octubre). Su misión “civilizadora” supuso el genocidio de la población nativa de aquel continente, bien documentada y denunciada por Bartolomé de las Casas. El nacional-catolicismo del régimen dictatorial se consideraba a sí mismo como el heredero de los Reyes Católicos, que habían expulsado a los judíos y a los musulmanes de España, habían establecido la Inquisición y habían conquistado Latinoamérica a base de cometer un genocidio.

El racismo del nacional-catolicismo fue más allá, sin embargo, del racismo étnico. Aunque incluyó una dimensión antisemita, el racismo del nacional-catolicismo se basó también en elementos político-culturales. Un objetivo explícito del golpe militar fue precisamente purificar la raza hispánica, eliminando todos los elementos que la debilitaran. Vallejo-Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército y que había sido nombrado por el general Franco dirigente del rearme ideológico del nuevo régimen (realizando tal función como director del Gabinete de Investigadores Psicológicos del Ejército), había subrayado que era misión del Alzamiento Nacional “salvar la patria y la raza”, especificando las características que definían a la raza hispánica como “un masculinismo, un canto a la fuerza física y un profundo nacionalismo y catolicismo”.

Contraponía esta raza hispana a razas inferiores como la “raza roja” (que incluía a la gran mayoría de opositores al golpe militar y a la dictadura que estableció), a la cual consideró una raza inferior, contaminada por el marxismo, considerado como la máxima forma de patología mental posible, definiendo el marxismo español como “una mezcla de judaísmo y masonería que lo distinguió de un marxismo extranjero semita puro”. Tal “raza roja”, estaba compuesta de “subdesarrollados mentales, psicópatas y degenerados, todos ellos afectados por el marxismo, judaísmo masónico”, que se difundía fácilmente entre las clases populares debido a lo que Vallejo-Nájera consideraba su subdesarrollo mental. Todas estas citas aparecen en libros suyos titulados Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza y artículos en revistas consideradas científicas durante la dictadura, tales como el “Psiquismo del Fanatismo Marxista”, publicado en Semana Médica Española (8 de octubre, 1938, págs. 172-182) y también en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra (mayo de 1939, págs. 398-413). El artículo publicado en esta última revista analizaba “la especial patología” de las mujeres milicianas, “seres débiles motivados por la envidia, la maldad y la venganza”, y cuya participación “en las revueltas políticas les daba ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”.

En el artículo publicado en la Semana Médica Española, Vallejo-Nájera describía también los estudios realizados en los campos de concentración (asesorado por las autoridades nazis alemanas, de cuyos estudios en sus propios campos era no sólo consciente, sino un profundo admirador), dividiendo a los componentes de la raza roja en cinco grupos: los internacionales brigadistas, los presos políticos varones de nacionalidad española, las presas políticas hembras de nacionalidad española, los separatistas vascos (a los que Vallejo-Nájera definía como “sujetos de un curioso fenómeno de fanatismo político unido a un fanatismo religioso, enemigos de España”), y el quinto y más degenerado, el de “marxistas catalanistas (unidos por el fanatismo marxista y el antiespañolismo)”.

Es importante señalar que las autoridades de la Iglesia católica compartían la ideología nacional-católica racista, bien articulada por el ideólogo del régimen Vallejo-Nájera. Es más, la Iglesia contribuyó, en gran manera, a la llamada purificación de la raza que fue, en realidad, una brutal represión, con ejecuciones, detenciones, torturas y exilio, en contra de las personas y los grupos políticos y sociales que se opusieron a aquel régimen, incluyendo, por cierto, personas católicas e incluso sacerdotes que apoyaron a las fuerzas democráticas, así como a militares del propio Ejército que se opusieron a aquel golpe militar, llevado a cabo por la Iglesia y la Falange, así como por el Ejército golpista. Parte de este proceso de purificación de la raza, llevado a cabo por el régimen en colaboración con la Iglesia católica, consistía en el robo de infantes de “rojos” asesinados, encarcelados o desaparecidos, a fin de que no fueran “contaminados por sus padres, con el objetivo de salvarles”. Según Enrique González Duro (Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, 2008), 12.043 niños fueron sustraídos de manos de sus padres durante los duros años de la represión (1939-1945). La Iglesia católica nunca ha pedido perdón al pueblo español por estos hechos.

Libertad religiosa

Javier Pérez Royo

La decisión acerca de si se puede admitir o no la presencia de crucifijos en las aulas está tomada. Es una decisión que adoptó el constituyente de 1978 al redactar el artículo 16 de la Constitución en los términos en que lo hizo. El Estado español es un Estado aconfesional y, en consecuencia, "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su... religión o creencias" (art. 16.2) y ninguna "confesión tendrá carácter estatal" (art. 16.3).

No nos encontramos ante una decisión que tengan que tomar los consejos escolares, o las consejerías de Educación de las comunidades autónomas o el Ministerio de Educación, porque la decisión ya la tomó el constituyente. Desde el 29 de diciembre de 1978 cada ciudadano, y subrayo lo de cada ciudadano, es titular del derecho fundamental a la libertad religiosa y ese derecho tiene que serle respetado por los poderes públicos y por los demás ciudadanos sin excepción, ya que, como dice el artículo 9.1 CE, "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución". Ni siquiera las Cortes Generales podrían tomar la decisión de que hubiera crucifijos en las escuelas, pues en el supuesto de que aprobaran una ley en ese sentido la ley sería anticonstitucional. En mi opinión, ni siquiera mediante la revisión de la Constitución contemplada en el artículo 168, que sería la vía apropiada para reformar el artículo 16, se podría tomar esa decisión, ya que la no confesionalidad del Estado pertenece al núcleo esencial del Estado constitucional, que dejaría de serlo en el caso de que se convirtiera en un Estado confesional. Estado constitucional y Estado confesional es una contradicción en los términos. Pero, en todo caso, para tomar la decisión de que hubiera crucifijos en las escuelas habría previamente que revisar la Constitución, esto es, adoptar la decisión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras en dos legislaturas consecutivas y someter la decisión después a referéndum.

Desde el 29 de diciembre de 1978 debería haberse procedido de oficio a la retirada de todos los crucifijos de las escuelas. La retirada o no retirada de los crucifijos no es asunto que pueda ser sometido a discusión, ya que ello obligaría a que quienes participan en la discusión tengan que hacer públicas "su religión o sus creencias" y esto es algo que está expresamente vedado por la Constitución. La simple formulación de la pregunta ya sería anticonstitucional.

Lo que, a su vez, quiere decir que a nadie tendría que ponérsele en la tesitura de tener que hacer una reclamación para que se retiren los crucifijos y, menos todavía, que tenga que interponer un recurso ante los tribunales de justicia para que se ordene la retirada. Esto ya supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa de la persona que reclama o recurre.

Los derechos fundamentales son derechos de los individuos. Los consejos escolares no son titulares del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, no pueden decidir ni por mayoría ni por unanimidad si quieren mantener o no los crucifijos en las escuelas. Mantener esa postura es desconocer de la manera más completa qué son los derechos fundamentales y qué lugar ocupan en nuestro ordenamiento constitucional.

De ahí que no se pueda aceptar los términos a los que se está intentando llevar el debate en nuestro país tras la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la incompatibilidad del derecho a la libertad religiosa y la presencia de los crucifijos en las aulas. La decisión de retirar los crucifijos no puede hacerse depender de que lo soliciten o dejen de solicitar un mayor o un menor número de padres, sino que dicha decisión tiene que ser adoptada de oficio por los poderes públicos competentes, ya que el primer elemento definitorio de los derechos como derechos fundamentales en nuestra Constitución es la vinculación de los mismos a todos los poderes públicos. Así lo dice taxativamente el primer inciso del primer apartado del artículo 53 de la Constitución, que es en el que se definen los elementos que hacen que los derechos puedan ser calificados de fundamentales: "Los derechos y libertades (...) vinculan a todos los poderes públicos".

Tras la sentencia dictada por unanimidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la violación de la libertad religiosa por parte del Estado italiano por no haber procedido a la retirada del crucifijo de un instituto no puede caber duda de que libertad religiosa y crucifijos en las aulas son términos incompatibles y, en consecuencia, todos los poderes públicos están obligados a ordenar la retirada de tales símbolos religiosos porque, insisto, todos están vinculados por los derechos fundamentales.

La cumbre del clima de Copenhague y el movimiento ecuménico

El pasado 13 de diciembre repicaron 350 veces las campanas de las iglesias de la capital danesa, donde se celebraba la Cumbre sobre el Cambio Climático, convocada por Naciones Unidas (del 7 al 18 de diciembre). Este repique tenía por objeto recordar a los líderes mundiales presentes en Copenhague, la necesidad de preservar la obra de la Creación reduciendo la tasa de CO2 en la atmósfera hasta unos límites tolerables para la vida (350 partículas por millón, frente a las 390 que ya se han alcanzado)

Esta iniciativa fue secundada también en el resto de Europa y en todo el mundo (www.bellringing350.org) En concreto la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas junto al Consejo Europeo de las Iglesias CEC-KEK, redactaron una carta conjunta destinada tanto a los fieles cristianos como a los gobernantes de los diferentes Estados europeos para interpelarles sobre esta cuestión: http://cec-kek.org/pdf/ENClimatechange.pdf

En España, los miembros del movimiento ecuménico redactaron un manifiesto conjunto “ante la grave situación generada por los efectos del Cambio Climático y la injusta e ineficaz gestión de los recursos del planeta”, que suscribieron el Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal (Patriarcado Ecuménico de Constantinopla); la Comisión General de Justicia y Paz España (católicos); la Comunidad Evangélica de Habla Alemana, de Madrid; la Iglesia España Reformada Episcopal (Comunión Anglicana); la Iglesia Evangélica Española; la Iglesia Ortodoxa Rumana, en Madrid; la Iglesia Ortodoxa Rusa, en España (Patriarcado de Moscú); y el Foro Ecuménico Pentecostés. http://www.foroecumenicopentecostes.com/manifiesto.html

En concreto, en la Comunidad de Madrid, los firmantes de este manifiesto pronunciaron predicaciones y oraciones a favor de la preservación de la Creación, ese domingo, en sus respectivas comunidades. Tuvo especial relevancia el culto dominical de la Iglesia de la Esperanza, de Móstoles (Madrid), que preside el Pastor Diego Teruel, quien además de miembro destacado del Foro Ecuménico Pentecostés es el responsable de Relaciones Interconfesionales del Presbiterio de Madrid, de la Iglesia Evangélica Española. Asistieron, ese día a su iglesia, desde la capital y desde diferentes municipios madrileños, cristianos de diversas confesiones, entre ellos, también, miembros del Foro Ecuménico Pentecostés.